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El "salario móvil" de Petro: El nuevo choque con el Banco de la República y los límites de la ley

Gustavo Petro y su advertencia de nuevo SMLV
¿Puede Petro subir el salario mínimo por segunda vez en el año?

El panorama económico en Colombia ha dado un giro inesperado tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro durante su más reciente consejo de ministros. El mandatario lanzó una advertencia clara: si el Banco de la República mantiene o sube las tasas de interés (actualmente en la senda del 11,25%), su administración responderá con un nuevo incremento del salario mínimo, apelando al concepto de "salario vital".


La postura del Presidente: "¿Tontería" monetaria?

Petro calificó de "tontería" la actual política de tasas del Emisor, argumentando que el costo del crédito está frenando el crecimiento económico mientras que, según su visión, el salario no es el causante de la inflación.


"Si la junta sigue en esa tontería, pues subimos otra vez el salario (...) Nos podemos mover hacia el criterio constitucional móvil", afirmó el jefe de Estado dirigiéndose a su ministro de Hacienda, Germán Ávila.

El muro legal: ¿Es posible un aumento extraordinario?

A pesar de la voluntad presidencial, expertos constitucionalistas y analistas de mercado señalan que la propuesta choca de frente con la normativa vigente en Colombia:


  • Periodicidad Anual: La Ley 278 de 1996 estipula que el salario mínimo se fija una vez al año a través de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.

  • No es unilateral: La Corte Constitucional (Sentencia C-815 de 1999) aclara que la facultad del Gobierno es subsidiaria. No se puede decretar un aumento sin agotar la negociación tripartita (Gobierno, empresarios y trabajadores).

  • Criterios Técnicos: Cualquier ajuste debe basarse en cinco pilares: meta de inflación del BanRep (3% para 2026), productividad, aporte de salarios al ingreso nacional, PIB e IPC.


Impacto en el mercado

Este anuncio llega después de que el salario mínimo para 2026 ya sufriera un incremento del 23%, una cifra que ha generado preocupaciones sobre la formalidad laboral y la presión inflacionaria a largo plazo.

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